Movimiento Okupa – ¿mejor okupado que abandonado?

Movimiento Okupa – ¿mejor okupado que abandonado?

El movimiento okupa es un movimiento social consistente en darle uso a terrenos desocupados, como edificios abandonados temporal o permanentemente, con el fin de utilizarlos como tierras de cultivo, vivienda, lugar de reunión o centros con fines sociales y culturales. El principal motivo es denunciar y al mismo tiempo responder a las dificultades económicas que los activistas consideran que existen para hacer efectivo el derecho a una vivienda.

El movimiento okupa agrupa gran variedad de ideologías —en ocasiones, asociadas a una determinada tribu urbana— que suelen justificar sus acciones como un gesto de protesta política y social contra la especulación y para defender el derecho a la vivienda frente a las dificultades económicas o sociales. El movimiento okupa también suele defender el aprovechamiento de solares, inmuebles y espacios abandonados y su uso público como centros sociales o culturales. Los propietarios legales del terreno, cuyos bienes resultan usurpados —siendo esta actividad una invasión al derecho de propiedad— pueden denunciarla como un delito ordinario. La legislación relativa a okupación de espacios varía mucho de uno a otro país; en Holanda, por ejemplo, sólo recientemente se ha propuesto penar las okupaciones de edificios o solares. Existen países donde puede haber una legislación que tolere condicionadamente la okupación, o donde existen concesiones temporales por parte de los propietarios a cambio del mantenimiento o alquiler del inmueble.

Aspectos legales de la okupación en España

Hasta la promulgación de un nuevo código penal a finales de 1996 no existía en España una figura legal que penalizase específicamente la ocupación de lugares abandonados. Ésta, de hecho, había gozado de cierta tolerancia en las décadas anteriores como modo de resolver parcialmente el problema generado por la afluencia de gente del campo a las ciudades. En los primeros años de la democracia fueron legalizadas miles de ocupaciones ilegales de viviendas de propiedad estatal.

Hasta 1996 la figura legal a la que se recurría era a la de la falta de coacciones: el propietario de la casa okupada denunciaba a los inquilinos ilegales aduciendo que le impedían utilizar su propiedad, lo cual constituía una coacción. Se abría entonces un proceso judicial civil (no penal), generalmente largo, que solía acabar con una orden de desalojo de la casa okupada.

Hubo sin embargo numerosas excepciones: en ocasiones los jueces daban la razón a los okupas. Los factores considerados eran los años de abandono del edificio, el estado del mismo y, en general, cualquier indicio que permitiera suponer ausencia de “función social” de la propiedad. En ocasiones este tipo de sentencias eran dictadas por tribunales superiores cuando los edificios en litigio ya habían sido desalojados por orden de los tribunales de primera instancia.

Aunque la mayoría de los casos acababan en desalojo, la lentitud del proceso civil daba expectativas de cierta duración de la okupación. Ello, unido al rápido incremento del precio de la vivienda, hizo que las okupaciones crecieran exponencialmente en los años 90. El nuevo código penal aprobado en 1996 pretendía restringir las mismas, tipificándolas como delito de usurpación. La consideración de delito aceleraba considerablemente el proceso de desalojo, permitiendo además que éste se produjera por sorpresa, es decir, sin previa notificación a los ocupantes ilegales. Sin embargo, los juzgados solían considerar zanjada la cuestión con el desalojo de la propiedad ocupada, archivando la causa a continuación. Es decir, que casi nunca se han dictado las condenas previstas legalmente por el delito de usurpación, lo que ha generado una sensación de excesiva permisividad en algunos propietarios y poderes públicos locales. Por ello, a veces se ha recurrido a interponer denuncias no por usurpación sino por delitos más graves como desórdenes públicos, allanamiento de morada o robo. Dichas denuncias tampoco han entrañado condenas, por no haberse podido demostrar, pero sí tienen un efecto punitivo en la medida en que obligan a los acusados a hacerse cargo de un proceso judicial duro y a menudo costoso.

Las escasas condenas relacionadas con la okupación han sido las derivadas de denuncias por casos de resistencia a la autoridad durante los desalojos.

En algunos casos, los llamados centros sociales han intentado legalizar su situación iniciando un diálogo con las instituciones, a imagen de las negociaciones que se han dado en otros países europeos donde lugares inicialmente okupados han acabado por ser cedidos bajo fórmulas de alquiler bajo o incluso declarados de interés social o cultural. Este tipo de diálogos han encontrado interlocutores interesados en las instituciones, pero por lo general no han dado fruto, salvo parcialmente en casos como el de la Eskalera Karakola, Centro social Seco, y la escuela de La Prospe. También es cierto que otros centros okupados se oponen a negociar con las instituciones, pues consideran que esto crearía dependencia y/o aceptación de estas.

En la ciudad de Barcelona, la okupación ha logrado ganarse una considerable simpatía, implicando activamente a las gentes de los barrios en sus actividades y defensa de los espacios, manteniendo además una red de centros sociales y casas okupadas coordinadas entre sí que ha servido de modelo para otros lugares.

Así que el debate queda abierto: ¿derecho a una vivienda o alternativas culturales para barrios sin dinero en edificios abandonados?